SANTO DOMINGO.- El aspirante a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara, aseguró que las actuaciones del Ministerio Público contribuyen con el adecentamiento del ejercicio político.
Explicó que «un sello desagradable que caracteriza una parte de la cultura partidaria está asociado a la equivocada tesis de que ir a la función administrativa representa una oportunidad para enriquecerse».
Aseguró que «la designación de los magistrados Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho constituye la mejor prueba de un verdadero compromiso con el proceso de independencia del Ministerio Público, históricamente utilizado de instrumento al servicio de los partidos que, desde el ejercicio del poder, instrumentalizaban el sentido de persecución de la corrupción excluyendo a los miembros de la organización partidaria que gobernaba».
“En las actuales circunstancias respaldar los procesos incoados por la PGR, de traducir a la acción de la justicia los presuntos responsables de corrupción, sirve de punto de unidad ciudadana alrededor de, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, seguir avanzando en la intención de acreditar la institucionalidad y derrotar, de una vez y para siempre, el vicio de mayor fatalidad de nuestro sistema político: la falta de transparencia”, afirmó.
A su juicio, «representa una tomadura de pelo a la inteligencia de los dominicanos pretender asociar el sometimiento de funcionarios con persecución política».
Instó a «no dejar que el fuego cruzado de la politiquería obstruya el interés institucional de un Ministerio Público encabezado por abogados sin militancia partidaria».
Lamentó que el Ministerio Público sea atacado con vehemencia por un concierto de complicidades decididas a paralizar procesos bien fundamentados en capacidad de establecer un antes y después, en los esfuerzos por impedir que los fondos públicos terminen en bolsillos privados.
Llamó a la «toma de conciencia en los actores políticos de auténtica vocación democrática de lo pertinente y saludable de un Ministerio Público que combata la corrupción pasada y presente sin detenerse en aspectos de orden partidario, jerarquías sociales o económicas porque lo que impiden los procesos de sometimiento a la justicia de los excesos y prácticas corruptas es la instauración de un régimen político sin credibilidad que termina validando un vengador social como respuesta de la incapacidad de la clase gobernante en llenar las expectativas de los ciudadanos».