El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público valoró la decisión del juez Deiby Peguero de dictar, en favor del Estado, coerción por más de 445 millones de pesos en contra de los imputados del caso Pulpo.
Con esta decisión consideran que se abrió un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción administrativa debido a que por primera vez en procesos judiciales de esta naturaleza se ha emitido una decisión que embarga bienes y recursos económicos para garantizar la indemnización a favor del Estado. Calificaron como positivo la disposición de enviar a juicio a los implicados que no llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público.
El juez dijo que independientemente de que existan garantía económica de 60 millones o 20 millones dispuestas como medida de coerción a algunos imputados, así como secuestro de bienes por parte del Ministerio Público de cara al hipotético decomiso, la coerción real tiene un fin específico: retener los fondos para la hipotética indemnización del Estado como actor civil.