De entrada, una premisa esencial: los miembros de la Cámara de Cuentas, órgano rector del sistema nacional de control, han perdido toda credibilidad. Gozar de confianza en la gestión pública es fundamental, de vida o muerte para una institución cuyo principal sello característico debiera ser la transparencia.

A partir de ahí surge el dilema, porque por sus propios desaciertos y malos manejos de las relaciones interpersonales, el descrédito acompaña a sus cinco miembros, para los cuales una comisión de diputados, en votación muy dividida, ha solicitado al Pleno de la Cámara Baja que les abra un juicio político ante el Senado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 83 de la Constitución.

Y es entonces cuando comienza la complicación porque si el Senado declarase su culpabilidad quedarían destituidos e inhabilitados, y habría que escoger, probablemente de manera precipitada, a nuevos miembros que perdurarían por cuatro años, hay que subrayar eso, en sus cargos.

Las posiciones están divididas, lo que se reflejó en que solo 9 de los 17 miembros de la comisión de diputados favoreció el juicio político, y gana cuerpo entre algunos partidos y sectores de la sociedad civil que la Cámara de Cuentas no sea “desmantelada” por completo, incluso recomiendan personificar e identificar las fallas y separar solo a los que resulten culpables de irregularidades, algo muy subjetivo porque siempre habrá valoraciones diferentes sobre a quién quitar y a quién dejar.

Lo ostensible es la discrepancia que existe en cuanto a transitar un camino u otro, lo que podría dificultar una salida que satisfaga las expectativas de la sociedad dominicana y no los intereses políticos y económicos de particulares, ni los de una parte de una sociedad civil que se autoerige en rasero moral.

Sin menospreciar el peso de los argumentos por los riesgos que trae consigo su “desmantelamiento” total, el país necesita una Cámara de Cuentas con un funcionamiento diáfano, sin injerencias externas ni complicaciones internas, y con un control que no deje lugar a dudas sobre el cumplimiento de su misión.

Además de su composición, hay que atender algunas observaciones puntuales surgidas en la discusión que se ha suscitado, y que contribuirían a elaborar una nueva legislación que supere las lagunas y confusiones de la actual.

Solo así podremos aspirar a una Cámara de Cuentas que desempeñe cabalmente la función de contralor que las leyes le han encomendado.



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